Daños ocultos: consumo de metanfetamina y vías de transmisión de virus transmitidos por la sangre e infecciones de transmisión sexual

El consumo de metanfetamina (metanfetamina) es un problema reconocido en Australia que ha atraído mucha atención en los últimos años. La cobertura mediática se ha centrado principalmente en el comportamiento agresivo e impredecible de quienes la han consumido. Esta es una representación limitada de sus efectos. Se ha prestado poca atención a la transmisión de virus de transmisión sanguínea (VHS) e infecciones de transmisión sexual (ITS) asociadas al consumo de metanfetamina.

Si bien la metanfetamina puede, y de hecho lo hace, inyectarse, es necesario reconocer que otras vías de administración también conllevan riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B (VHB), como el uso compartido habitual de pipas. Además, las conductas sexuales de riesgo asociadas con el consumo de metanfetamina también requieren atención para reducir la transmisión de ciertas infecciones transmisibles.

No todos los consumos de drogas son iguales y existen subpoblaciones de consumo de drogas. Es necesario reconocer e investigar más a fondo estos niveles de complejidad para garantizar que se desarrollen mensajes adecuados de reducción de daños.

Tras consultar con sus organizaciones miembros, la Liga Australiana de Usuarios de Drogas Inyectables e Ilícitas (AIVL) ha identificado una serie de políticas y legislación vigentes que deben revisarse debido a los posibles efectos no deseados que podrían tener en el fomento de conductas de consumo de drogas perjudiciales y de riesgo. Por ejemplo, si bien se sabe que los programas de intercambio de agujas y jeringas (PNJ) son eficaces para reducir la transmisión del VBB a través de la inyección, la dificultad para conseguir una pipa para fumar metanfetamina ha llevado a algunos a recurrir a la inyección dada la mayor disponibilidad y facilidad para obtener el equipo necesario.

Además, el estigma asociado al consumo de metanfetamina no debe impedir la adopción de medidas de reducción de daños basadas en la evidencia. La legislación y las políticas deben desarrollarse y fundamentarse en la evidencia, no en juicios morales, lo que también incorpora el valioso papel de los pares.